Multa de 410 euros por comprar, beber y tirar una lata en la calle

Ese ayuntamiento progresista donde los haya, celoso de la proporcionalidad en las sanciones y en absoluto interesado en recaudar a costa de los más indefensos para poder luego gastarse burradas en campañas de autobombo. Visca Barcelona y las ganas de plantar una guillotina en plaza Sant Jaume.

Multa de 410 euros por comprar, beber y tirar una lata en la calle
PERE RÍOS - Barcelona - EL PAÍS - 17/12/2008

Comprar una lata de bebida en plena calle, bebérsela y arrojar el envase puede salir muy caro en Barcelona. Tanto como 410 euros, que es la suma de las tres denuncias que un agente de la Guardia Urbana impuso hace un año a Niamh Maguire de Burgo por incumplir la ordenanza del civismo.


Ocurrió la mañana del 16 de diciembre de 2007, cuando la chica regresaba de un sábado festivo con cinco amigos por La Rambla de Barcelona. Tres de ellos acabaron denunciados, aunque sólo uno ha recibido la notificación. Maguire ha tenido peor suerte y se le imputaron tres infracciones: comprar bebidas en la vía pública (180 euros), consumir alcohol (50 euros) y arrojar envases en el espacio público (otros 180 euros).

La chica recurrió y evitó la primera denuncia, pues al tramitar el expediente sancionador hubo un error al determinar la infracción. El propio Ayuntamiento de Barcelona reconoció su error y, en consecuencia, de la primera sanción de 180 euros nunca más se supo. Pero sigue adelante la tramitación de las otras dos, contra las que ha presentado un recurso de alzada. Maguire lo niega todo y argumenta que no puede ser cierto que estuviera bebiendo cerveza, como dice el guardia urbano, porque no le gusta.

También censura que se le atribuyan dos acciones simultáneas en el tiempo, en concreto a las 7.45 horas, como es beber la lata y arrojarla. Un portavoz del cuerpo, por el contrario, defiende la actuación del agente. "La Guardia urbana no se ceba con nadie, sólo intenta que se cumpla la ordenanza municipal". Sobre el hecho de que coincida la hora de las otras dos infracciones, el portavoz explica que es perfectamente posible.

El recurso explica que la ordenanza otorga plenos poderes a los agentes y que, de esa manera, "se está dejando al ciudadano en manos de una discrecionalidad que es contraria al más elemental principio de seguridad jurídica vigente en nuestro ordenamiento".